> Ante la ley y Todo el tiempo, por Mauro Ï Cabral (Página/12)

> Se acabó el matrimonio homosexual, nota de Osvaldo Bazán (Facebook)

> El derecho a la igualdad llegó al matrimonio, Por Soledad Vallejos (Página/12)

> Habemos matrimonio igualitario, por Carlos Figari e Mário Pecheny

> Para todas y todos, pero ¿nos casamos o no?, por Leonardo J. Glikin (Página/12)

> Un paso gigantesco, por Horacio Verbitsky (Página/12)

> Preguntas, nota de Juan Manuel Burgos (Facebook)

> “Ahora somos una sociedad un poco más igualitaria”, por Soledad Vallejos (Página/12

> La previa del acto, por Emilio Ruchansky (Página/12)

> Izquierda y diversidad, Por José Natanson (Página/12)

> La república empatada, por Mario Wainfeld (Página/12)

> Cristina: “Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria” (Página/12)

> Enemigos de los “sodomitas”, por Sergio Kiernan (Página/12)

> Cambios de ley, por Carlos Rodríguez (Página/12)

> Argentina es el primer país de América Latina que autoriza el matrimonio gay (El Pais)

> El Senado convirtió en ley el matrimonio homosexual (Clarín)

> Las parejas homosexuales podrán casarse a partir del 2 de agosto (Página/12)

> ILGA felicita a Argentina por garantizar totalmente en equidad e igualdad el derecho al matrimonio

> Lea la transcripción de la íntegra del debate en en Senado

> Íntegra de la Ley 26.618 que reforma el Código Civil de la República de Argentina sobre Matrimonio Civil

> Ley de matrimonio homosexual (Argentina en Notícias). Incluye VIDEO con partes del discurso de Cristina Kirshner luego de la sanción del Senado

> AI: “Seguir el ejemplo argentino” (Página/12)

> Amnistía Internacional insta a América Latina a legalizar bodas entre personas del mismo sexo (Notícia al Día)

> Uruguay tendrá proyecto de ley de matrimonio gay (Sentido G)

Carlos Figari* e Mário Pecheny**

16 de julio de 2010

En la madrugada del 15 de julio de 2010, el Senado argentino votó favorablemente el proyecto de reforma al matrimonio civil que venía de la Cámara de Diputados. La nueva ley incluye a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo al matrimonio civil, con los mismos derechos y obligaciones en materia conyugal y adopción, y con el mismo nombre.

El haber logrado un avance fundamental en el reconocimiento legal de los derechos de las personas LGBT en Argentina es fruto de un intenso trabajo de la militancia en sus dimensiones política, académica y social.

Hubo un trabajo lento pero efectivo en cuanto al reconocimiento de leyes de uniones civiles, en una primera etapa, gracias a las luchas por la no-discriminación y reconocimiento de derechos lideradas por organizaciones pioneras, como Gays por los Derechos Civiles y la Comunidad Homosexual Argentina. Al momento de discutirse la ley de matrimonio, Argentina tiene formas de unión civil en cuatro jurisdicciones: las ciudades de Buenos Aires, Villa Carlos Paz (Provincia de Córdoba), Río Cuarto (Provincia de Córdoba) y en la provincia de Río Negro. Aprobar una ley que reconozca estos derechos supone lograr consensos políticos. La agenda del movimiento LGBT, en el marco de una agenda más amplia de derechos en relación con el feminismo, el género, la reproducción, la salud y la sexualidad, ya estaba instalada hacía algunos años y era transversal a todo el espectro político. Hoy tanto el apoyo como la oposición al proyecto atravesaron a todos los partidos representados en el Congreso.

Posteriormente una efectiva estrategia fue aquella desarrollada por varias organizaciones, especialmente la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que estimulaba a las parejas a presentarse para casarse en los Registros Civiles. Allí se les comunicaba que no podían casarlos y acto seguido se iniciaban demandas judiciales de inconstitucionalidad de las leyes que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. La estrategia fue efectiva, varios jueces y juezas autorizaron algunos casamientos e incluso comenzaron a producir fallos que declaraban la inconstitucionalidad del Código Civil argentino y habilitaban a casarse. En el lapso de unos meses, se casaron así nueve parejas. Una jueza comenzó a hacer caer esas decisiones judiciales, pero pronto fueron convalidadas. Esto presenta hoy un desafío a la Corte Suprema de Justicia que en breve debe pronunciarse al respecto. Los casamientos aún hoy son válidos y sigue casándose gente por la misma vía. Esto significa que, más allá de la ley, ya era posible contraer matrimonio en Argentina para las personas del mismo sexo.

Esta cuestión instaló el tema en la opinión pública y en los medios, como un tema de igualdad ante la ley sin discriminación por orientación sexual. Legisladoras/es de los partidos más progresistas (o legisladoras/es progresistas de los partidos políticos) entonces, consiguieron consensuar un proyecto de ley que modificase el articulado del Código Civil. La ley es muy sencilla, apenas deroga los artículos que hablan de marido u hombre y mujer, y habilita que cualquier persona sin discriminación de sexo pueda contraer matrimonio.

Un paso decisivo fue hacer caer la pretensión de que esta ley en vez de matrimonio fuese de unión civil, con el explícito fin de “preservar” la dignidad del matrimonio para las parejas heterosexuales, limitar la facultad de adopción a las parejas del mismo sexo (algo para lo cual los individuos LGBT ya estaban facultados/as) y prohibir taxativamente la fertilización asistida (práctica aún no regulada en la Argentina).

La “solución” de la derecha religiosa que vio casi perdida la lucha, fue la siguiente: les damos unión civil pero no matrimonio. Esto no fue aceptado por los movimientos sociales ni por los legisladores que sostenían el matrimonio igualitario. El polarizado debate en Argentina reedita una lucha cultural nunca acabada entre la intervención religiosa y el Estado laico. El primado católico llegó a hablar de plan de dios y de plan del diablo. La presidenta Cristina Kirchner, valientemente tomó partido en la discusión, los tildó de oscurantistas y medievales, y se pronunció por garantizar los  derechos de las minorías.

Treinta y tres senadoras/es votaron favorablemente y veintisiete en contra. El matrimonio igualitario es hoy legal en la Argentina.

Terminó el Mundial de Fútbol, organizado por Sudáfrica, un país con matrimonio gay, y cuya final la jugaron equipos de dos países con matrimonio gay, España y Holanda. Si en fútbol Argentina no llegó hasta el podio, con la aprobación de la ley la Argentina se sumó ayer, con felicidad, al podio de aquellos países que abolieron un Apartheid aún vigente en casi todos los demás países. Pero, sabemos, el campeonato por la igualdad recién empieza.

* Carlos Figari
Dr. en Sociología (IUPERJ-Rio de Janeiro)
Investigador CONICET- Universidades de Catamarca y de Buenos Aires,
Argentina
Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) del Instituto Gino Germani
figari38@yahoo.com.ar

** Mario Pecheny
Dr. en Ciencia Política (U. de París III)
Investigador CONICET – Profesor de la Universidad de Buenos Aires
Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) del Instituto Gino Germani
mpecheny@retina.ar

Por Jandira Queiroz¹

La revista brasilera Época ha publicado en su edición del 22 de mayo de 2010, un reportaje sobre la primera investigación, a nivel nacional, sobre la interrupción del embarazo en Brasil, intitulada Investigación Nacional del Aborto (PNA en sus siglas en portugués), realizada en Enero de 2010 por el Instituto IBOPE y elaborada por el Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, Anis. Esta investigación indica que 5.000.000 de mujeres brasileras entre 18 y 39 años ya abortaron, por lo menos una vez lo que corresponde al 15% de la población femenina en el pico de la edad reproductiva.

El estudio, que trae datos explícitamente subdimensionados, ya que se ha limitado a consultar hogares urbanos y mujeres alfabetizadas, deconstruye mitos y condiciones sobre las mujeres que abortan, revelando que pueden ser de todas las clases sociales, edades, de variado grado de educación, casadas o solteras, madres de por lo menos un hijo o una hija, y que pueden ser religiosas, practicantes o no. Según la antropóloga Débora Diniz, co-autora de la PNA, la mujer que aborta “no es otra, es una de nosotras. Es nuestra colega, nuestra vecina, nuestra hermana”.

Mientras la edición de la revista era finalizada, la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados aprobó (19/5/2010) el substituto de la diputada Solange Almeida (PMDB-RJ) al proyecto de ley 478/2007, de los diputados Luiz Bassuma (PV-BA) y Miguel Martín (PHS-MG), que crea el Estatuto del No-Nacido. El texto define que la vida se inicia en la concepción.

No-nacido es el “ser humano” concebido que aún no nació. Ese concepto incluye los “seres humanos” concebidos in vitro, mismo antes de la transferencia al útero de la mujer, y el Estatuto, si aprobado, impide no sólo el aborto en los casos autorizados por el Código Penal brasilero hoy en día, pero también las investigaciones con células madre y otras iniciativas.

Algunos sectores de la sociedad pueden reconocer a la humanidad del no-nacido, por pertenecer a un código genético humano; sin embargo, la sociedad moderna ya dispone de suficientes aportes científicos para comprender que la definición de persona humana acontece a partir de una concepción moral y creencias específicas. No cabe a ninguna legislatura de ningún Estado laico la imposición de esta o aquella concepción que no sea compartida por los distintos sujetos morales y de derechos, una vez que viole a los principios, derechos y garantías fundamentales que garanticen la libertad de creencia y pensamiento e igualdad de los sujetos.

En el campo de las ciencias médicas y biológicas, el único consenso que hay sobre la condición del feto es que se trata de una etapa del desarrollo celular. Considerarlo una etapa de ese proceso de evolución de la vida humana, como persona, es admitir una única concepción válida, por lo tanto dogmática. Así que una proposición como el Estatuto de los No-Nacidos viola no sólo la libertad de creencia, sino también la libertad de pensamiento.

El antropólogo peruano Jaris Mujica², en su libro Microscopio: de la bioética a la biopolítica, trae la siguiente consideración:

La persona no es un producto de la reproducción sexual. La vida-de-la-persona no es la misma que la vida-biológica-del-viviente-humano. Es más, para muchos sistemas culturales queda clara esta distinción, y por ello no todos los vivientes humanos son considerados personas. Durante mucho tiempo y en varios lugares del mundo, ser-persona era un estatus que debía ganarse, pues se adquiría demostrando ciertos logros o atravesando complejos ritos de paso. Persona, entonces, no es una categoría unitaria, no es una categoría de lo biológico, no es una categoría que provenga de la naturaleza misma o de la profundidad última de la conciencia. Se trata, más bien, de una categoría cultural que en algunos casos se ha construido a través de los dispositivos de los sistemas teológicos, jurídicos o políticos. La Persona, como la conocemos hoy, es una construcción tardía cuyo origen puede rastrearse en la historia reciente de occidente. (p. 25)

Dice también:

Un ser vivo, un organismo, es entendido como un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura que se relaciona con el ambiente y que tiene la capacidad de desempeñar funciones básicas como nutrición y reproducción. Estas estructuras organizadas (en unidades celulares), mantienen equilibrio interno (homeostasis), reaccionan a estímulos externos, atraviesan procesos metabólicos de desarrollo y pueden reproducirse. Sin embargo, decidir en qué momento se puede hablar de vida es un tema que no ha sido cerrado. Y en los seres humanos, si bien la investigación de la secuencia reproductiva ha llegado a ciertos consensos sobre los datos del proceso, esto no ha implicado que se haya llegado a un acuerdo sobre el momento en que se inicia la vida humana. (p. 62)

Si existe en la sociedad el deseo de refinar la legislación al punto de que estén previstas protecciones a seres aún no nacidos, es justo que sus representantes en las casas legislativas lo lleven a discusión, promuevan el debate público e investigaciones sobre el asunto y luego propongan medidas. Pero, por ahora, la única cuestión pasible de ser puesta en debate es a partir de qué momento el Estado debe proteger el proceso de desarrollo de la vida humana, qué grado de restricciones a la autonomía y libertad de los sujetos de derechos de una vida humana en potencial se deben sobreponer a aquellos otorgados a una vida humana ya viviente nacida?

“Art. 4º - Es el deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al no-nacido, con absoluta prioridad, la expectativa del derecho a la vida, a la salud, a la nutrición, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar, además de mantenerlo seguro en cuanto a todas las formas de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión”

“Art. 8º - Al no-nacido se le asegura, a través del Sistema Único de Salud – SUS, el tratamiento en igualdad de condiciones con niños y niñas.”

Y surge una nueva polémica nacional, en la estela de la modificación del texto del III Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH3), firmado por el presidente Lula en los primeros días de Mayo de 2010, indicando un movimiento bien coordinado por las fuerzas “pro-vida” en Brasil. El PNDH3 solamente reafirma el entendimiento del aborto como grave problema de salud pública y menciona servicios. Eso significa un retroceso no sólo en relación al lenguaje adoptado por el PNDH2, que hace recomendaciones por la revisión de la legislación punitiva, pero sobretodo en relación al párrafo 106k de la Plataforma de Acciones de la Conferencia de Pequín, del cual Brasil es signatario sin reservas.

En este nuevo capítulo de la saga en contra del aborto y por la extinción de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que en el substituto de Solange Almeida se mencione que el texto aprobado no altera el Artigo 128 del Código Penal (que autoriza el aborto practicado por un/a médico/a en casos de violación y de riesgo de vida para la madre), el artigo 12 del Estatuto del No-Nacido profesa que “está vedado al Estado y a particulares causar cualquier daño al no-nacido en razón de un acto criminal de sus genitores”. El discurso de justificativa de las voces que defienden la aprobación del PL 478/2007 dice que “el niño no puede pagar por los errores de sus padres”. Y van más allá de los límites aceptables de cinismo cuando dicen defender la “alegría de los niños por nacer”.

“Esperamos que esta Casa de Leyes haga todos los esfuerzos posibles de manera urgente para aprobar este Estatuto, para la alegría de los niños por nacer y para orgullo de esta nación, bien como para la alegría del ex diputado Osmânio Pereira que nos ha pedido para que otra vez lo pusiéramos en tramitación en esta nueva legislatura.”

(Último párrafo de la justificación presentada junto con el PL 478/07 de la Cámara de Diputados)

Algunas preguntas insisten no querer callar. ¿Qué error ha cometido una mujer que fue violada? ¿Y la mujer que tiene un embarazo de riesgo? Y los niños y niñas nacidas y abandonadas en nuestras puertas, en nuestras calles, en nuestras prisiones-para-niños-sin-dueños, ¿ellos y ellas sí pueden y deben morirse por las calles, mientras sus madres pagan penas en las cárceles o se mueren en los hospitales por abortos mal hechos y de forma clandestinos, para el deleite de nuestro sentido de justicia religioso? ¿Y quien viene a ser Osmânio Pereira?

Paralelamente a la discusión sobre el momento en que se da el fenómeno de la vida humana en la gestación, no se puede pasar por alto al indicativo de la PNA: más de 5.000.000 de mujeres, ciudadanas brasileras ya abortaron. Como dice Marcelo Medeiros, investigador de la Universidad de Brasilia (UnB) y co-autor de la PNA, “es inviable seguir tratando a todas esas mujeres como criminales”.

La Investigación Nacional del Aborto representa una valiosa herramienta para las políticas de salud pública en Brasil. Hasta ahora, los debates sobre el aborto se le alimentaban con convicciones personales y religiosas, una vez que no había estadísticas confiables sobre su práctica. La PNA presenta informaciones concretas para que legisladores, legisladoras y autoridades estatales puedan tratar el tema en las esferas de la salud pública y también de las políticas de seguridad pública.

Los próximos capítulos de esta novela prometen acción y adrenalina. Mientras tanto, pongámonos a imaginar cómo sería la Primera Marcha Nacional de No-Nacidos, Embriones y Fetos en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, marchando por sus derechos y ciudadanía plena.

Leer más sobre la PNA y el Estatuto del No Nacido (en portugués)

¹ Asistente de Proyectos en el Observatorio de Sexualidad y Política

² MUJICA, Jaris. Microscópio: de la bioética a la biopolítica. PROMSEX. Lima: 2010.

Greta Pena y Carlos Alvarez¹

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y dio, de esta manera, el puntapié inicial en la región en materia de igualdad.

En un debate que tuvo como eje la discusión entre acabar con la exclusión de las personas por su orientación sexual en el acceso a la institución matrimonial u otorgar derechos pero haciendo una distinción colocando otro nombre como “unión civil” o “enlace civil”, nunca estuvo en duda la necesidad de proteger a los millones de familias diversas que existen en el país.

Este proyecto llegó al Congreso, con cinco matrimonios ya realizados entre personas del mismo sexo que fueron autorizados por fallos favorables del Poder Judicial y un caso pendiente de resolver en la Corte Suprema para declarar inconstitucional la prohibición de casarse a gays, lesbianas, bisexuales y personas trans.

Las organizaciones de la diversidad sexual encabezaron este reclamo puntualizando que no se trata de un “matrimonio gay” si no que lo que está en cuestión es la discriminación que existe por el solo hecho de la orientación sexual en el acceso a derechos como pensión, herencia, obra social, patria potestad compartida, entre otros.

Además, expresaron su rechazo a otras leyes “apartheid” como la unión civil que claramente implican una distinción arbitraria entre heterosexuales y no heterosexuales. Por ello, la campaña posee como lema “Los mismos derechos, con los mismos nombres”.

“Este es un tema de derechos no de sexualidad”, aclara Martín Canevaro, presidente de “100% diversidad y derechos” y continúa “es una ley para todas y todos, porque nos hará un país mas inclusivo, mas justo, en definitiva, mas democrático”.

Los mayores opositores del proyecto se ampararon en temores acerca de la adopción de niños/as por parte de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, no sólo resulta infundada su preocupación si no que en la actualidad las personas gays, lesbianas y trans pueden adoptar, con la salvedad que solo puede hacerlo un miembro de la pareja, dejando desamparado al niño/a en desigualdad con los hijos/as de las parejas heterosexuales ya que no puede beneficiarse de los derechos respecto a su otro/a papá o mamá.

Resta, ahora que el Senado en los próximos meses lo convierta en ley y proteja a todas las familias, sin excepción. Esta lucha amplia derechos, iguala a todas las personas sin distingo de ningún tipo y lleva, por sobre todo, felicidad y reconocimiento al amor de millones de habitantes que hoy, son considerados ciudadanos/as de segunda.

No se trata solamente de acceder al matrimonio como forma de acabar con todos los problemas de discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, si no que esta igualdad permitirá avanzar hacia el cambio cultural que haga una Latinoamérica que nos incluya a todos y todas.

¹ 100% Diversidad y Derechos
sumate@cienporciento.org.ar
http://www.cienporciento.org.ar
http://100porciento.wordpress.com
http://www.facebook/100.por.ciento

> El Senado debate el matrimonio gay, Página/12

> Acto evangélico contra el proyecto, Página/12

> Evangélicos marcharon frente al Congreso contra el casamiento gay, La Nación

> Gran manifestación en contra del matrimonio homosexual, La Nación

> Argentina avanza en la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, por Greta Pena y Carlos Álvarez, de 100% Diversidad y Derechos

> El derecho silenciado, por Diego Trerotola, en el suplemento Soy, del Página/12

> La Iglesia le reclamó al Senado que frene el matrimonio gay, de la portada Infobae.com

> Palabras a la medida, por Mario Pecheny, en el suplemento Soy, del Página/12

> Media Sanción de Diputados a la reforma del matrimonio, de la página web de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA)

> Matrimonio gay: activistas por los derechos homosexuales confían en el Senado, de la portada Perfil.com

> Organizaciones homosexuales calificaron de ejemplar la media sanción al matrimonio gay, de la Agencia de Notícias de la República Argentina

> Diputados aprobó el proyecto de ley sobre matrimonio gay, La Nación (publicado en la portada SentidoG)

> Asista al video que muestra el momento de la votación, La Nación Videos.

> Sigue la controversia por el matrimonio gay y crece la expectativa por la votación en el Senado, La Nación

> Boda gay: quiénes quedaron en la vereda de enfrente de sus compañeros en Diputados, La Nación

> Diputados aprobó el matrimonio homosexual, El Clarín

> Diputados aprobó el matrimonio gay, Página/12

> La Iglesia se pronunció en contra, Página/12

> Un día para los derechos gay en Diputados, Página/12

> La Iglesia aceptaría la inminente derrota en Diputados sobre el matrimonio gay y presionaría en el Senado, de AG Magazine

> Algunos sectores del parlamento ugandés buscan ahondar en la criminalización de la homosexualidad, La Nación (Argentina)

> Expertos piden a Uganda no aprobar ley anti homosexual, Afrol News

> Uganda: alarma por proyecto de ley anti homosexual, Radio de las Naciones Unidas

> Propuesta antigay de Uganda podría cambiar, BBC Mundo

> Uganda: marchan en apoyo a ley anti homosexual, AG Magazine

22 y 23 de marzo del 2010 — Ciudad de Guatemala

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud de Toda Persona al Disfrute del más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental, el Sr. Anand Grover, visitó la Cuidad de Guatemala el 22 y 23 de marzo para participar en una consulta con la sociedad civil de Centroamericana, Mexicana y del Caribe Hispano hablante. El Relator Especial ha participado en consultas en Sur América y Nepal. El Sr. Grover es un abogado que ejerce su profesión en el Tribunal Superior de Bombay y el Tribunal Supremo de India, y es Director de la ONG Lawyers Collective.  Es un pionero en el campo de derechos humanos y VIH, y ha ganado varios casos en relacionados con la protección de las personas con VIH/SIDA en India.

La consulta fue coordinada por Planned Parenthood Federation of America  (PPFA) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), quienes reunieron un grupo de alrededor de 40 personas de organizaciones  nacionales, regionales e internacionales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Republica Dominicana con amplios conocimientos y  experiencia en diversas temáticas en el área  salud.

Esta consulta sirvió de foro para que la sociedad civil de la región pudiera discutir asuntos críticos relacionados con el respeto, promoción, protección y garantía del derecho a la salud. Algunos de los temas que se abordaron fueron el acceso a los servicios de salud, sistemas de salud y presupuestos, rendición de cuentas, participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, derechos sexuales y reproductivos, VIH/SIDA, salud mental, salud en el trabajo y los impactos en la salud de los tratados de libre comercio. Las y los participantes presentaron al Relator  algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres, la infancia, las y los jóvenes y adolescentes, las personas migrantes, las y los indígenas y las personas con discapacidad, por la discriminación e inequidad a la que se enfrentan.

Para PPFA y CRR fue especialmente relevante que los derechos reproductivos y sexuales, incluyendo el acceso al aborto legal y seguro, se hayan discutido como un tema de salud prioritario y transversal a casi todos los aspectos de la vida de las personas. Las y los activistas presentes subrayaron la importancia de la interdependencia del derecho a la salud con otros derechos humanos como el derecho a la alimentación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, entre otros.  Según el Relator: “Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral del derecho a la salud, y son un punto de entrada para eliminar la discriminación histórica que las mujeres enfrentan en la región.  En Centroamérica, México, y el Caribe Hispanohablante, es muy importante abordar la situación de violencia contra la mujeres y las barreras legales que restringen el acceso de la mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo el aborto, lo cual es una de las mayores causas de la mortalidad materna en la región”.

El Relator resaltó la relevancia de la participación y el empoderamiento de la sociedad civil para que su mandato sea realmente efectivo y se logren cambios en las políticas, leyes y prácticas relacionadas con el disfrute del derecho a la salud. Para el Sr. Grover esta consulta representó una oportunidad importante para que las organizaciones de la región conozcan más su mandato y poder escuchar de primera mano las principales problemáticas de salud en la región.

Gracias al intercambio que generó la consulta, integrantes de la sociedad civil pudieron identificar prioridades regionales y nacionales sobre temas críticos relacionados con el derecho a la salud y hacer sugerencias y llamados específicos al Relator para que, desde su mandato, pueda monitorear y contribuir a garantizar el disfrute del derecho a la salud como un derecho humano.  PPFA y CRR emitirán un informe que incluye las presentaciones y las prioridades identificadas, lo cual puede ser utilizado como una herramienta de incidencia para las organizaciones de la sociedad civil.  Además, PPFA y CRR darán seguimiento a las peticiones específicas al Relator relacionadas con la salud sexual y reproductiva y la intersección con los otros aspectos al derecho a la salud.

Para mayor información, se puede contactara a Regina Tamés, PPFA Advocacy Program Officer a regina.tames@ppfa.org  y Ximena Andión, CRR International Advocacy Director a xandion@reprorights.org

* Información difundida por medio de la e-lista ISRRC en 25 de marzo de 2010. Para el texto en inglés, visita el sítio web del Center for Reproductive Rights.

Por Mauro ï Cabral**

1. Cada año, en esta semana del año, escribo un texto más o menos corto – y más o menos diferente al texto que escribí la misma semana el año anterior. La ocasión es siempre la misma: el 6 de febrero es el día internacional de cero tolerancia con la mutilación genital femenina y es, por lo tanto, un día marcado en la lucha contra todas las formas de mutilación genital, incluyendo esa forma de mutilación genital contra la que yo escribo.

Miles y miles y miles y miles y miles de personas que nacieron con un cuerpo sexuado que variaba respecto de los promedios femeninos y masculinos han sido sometidas a procedimientos biomédicos de “normalización” corporal –por lo general cirugías. Yo soy una de esas personas, y como tantas y tantas entre esos miles y miles y miles defino y denuncio esos procedimientos como formas culturalmente aceptadas, promovidas y celebradas de mutilación genital.

La práctica compulsiva de intervenir quirúrgicamente los genitales intersex con el fin de “normalizarlos” está sostenida por un dispositivo médico, bioético y jurídico que es preciso analizar, comprender y desmantelar (sin olvidarnos, nunca, que ese dispositivo forma parte integral del entramado cultural en el que existimos, el mismo en el que la diversidad corporal se concibe, casi invariablemente, en los términos de la repulsión). Los activistas intersex nos dedicamos a la difícil tarea de hacerle espacio a los-cuerpos-que-varían, a aquellos nacerán en un mundo que ha de ser otro. Somos, esperamos, el pasado irrepetible de su futuro.

2. Algo está cambiando. La intersexualidad ha dejado de ser uno de los secretos mejor guardados de occidente para convertirse en una de sus mayores vergüenzas. Aquí y allá la biomedicina comienza a mirarse, aunque sea de reojo, en el espejo de sus supuestos, prácticas y violencias. Los argumentos científicos que avalaban ciegamente la “normalización” genital encuentran, por fin, una otra ciencia que los contradice. Los grupos de apoyo se multiplican, pacientes y ex pacientes se organizan, protestan, testimonian, exigen. Hay fotografías, libros, documentales, películas; talleres, seminarios, conferencias; deseos que pronuncian todas las equis, manos y lenguas que recorren palmo a palmo la extensión intersexuada de todos sus miembros.

Este tiempo parece ser el del final de las certezas. De todas las certezas: hasta la convicción que animaba la lucha contra la medicalización de la intersexualidad está siendo revisada en estos días. Gran parte del antiguo movimiento intersex defiende hoy el vocabulario de los “trastornos del desarrollo sexual”, buscando construir un terreno  común desde el cual luchar contra la violencia biomédica. Otros, mientras tanto, y animados por el mismo objetivos, insistimos en la necesidad imperativa de despatologizar la diversidad corporal. Esa encrucijada es, sin lugar a dudas, el presente abierto de nuestro presente.

3. Un día de estos la intersexualidad dejará de existir. Tal vez desaparezca la humanidad, víctima del fuego y del agua, de la peste, de la estupidez, de un cometa o de un sol moribundo. Quizás se extinga la oportunidad de venir al mundo sin diseño ni manipulación genética, la posibilidad de encarnar un cuerpo “diverso” –lo que es decir, “desventajado”. A lo mejor un cataclismo natural o tecnológico nos devuelva a la antigüedad y comencemos a morir de nuevo y sin pausa, sacrificados en un altar apenas nacidos, o arrojados sin más dilación a cualquier desierto. Tal vez volvamos a ser criaturas marinas, dioses, ángeles, criaturas maléficas, historias; nada.

A lo mejor ganamos. A lo mejor logramos que nadie más, en ningún lugar, sea sometido a la práctica salvaje de inscribir compulsivamente la masculinidad o la femineidad en el cuerpo en el nombre de un género transformado en diagnóstico. Y más aún: a lo mejor logramos abrir la historia del mundo al registro de nuestras historias y que algo de justicia se proyecte sobre la memoria sin cicatrizar de estos años sangrientos. Quién dice, a lo mejor ese es –y así lo espero- el futuro triunfante de nuestro pasado.

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* Este artículo fue publicado en el suplemento Soy del diario Página/12.
**Miembro del Global Advocates for Trans Equality (GATE) y Mulabi - Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos.

Por Gloria Careaga*

El día 21 de Diciembre de 2009, en la Ciudad de México se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en la primera metrópoli en América Latina a permitir ese tipo de unión. El día 23 de Diciembre, ser celebró el primer matrimonio con registro civil en Argentina, autorizado por la jueza Gabriela Seijas, en Buenos Aires.

El más importante mensaje que envían Argentina y México hacia el resto del continente tras los últimos acontecimientos en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo es que se puede alcanzar una meta tan ambiciosa. La conquista alcanzada es muy importante, una vez que no solo iguala a las parejas al otorgarles a todos los mismos derechos independientemente de su orientación sexual e identidad de género, pero también impacta directamente en el núcleo de la estructura social. Rompe con las ideas tradicionales de familia, pareja y exige la reorganización de la estructura social para dar cabida a otras realidades, que no estaban contempladas. El sistema educativo, los servicios públicos, el sistema de salud, el mundo laboral, es decir todo el sistema social se revoluciona, así como el imaginario social y sus significaciones.

El interés del movimiento LGBT y del movimiento feminista está centrado en la transformación social. Una transformación que rompa con las ideas naturalizadas que impiden el reconocimiento y valoración de la riqueza de la diversidad cultural y sexual. Descolocan el eje de la estructura social al exigir que se reconozca formalmente que existen otras formas de vida que no habían sido aceptadas, para entrar por la puerta principal y darle un vuelco.

Pero esa transformación no va ser fácil. La impugnación a la legalización de los matrimonios homosexuales y a la adopción, o los intentos para impedir que una pareja de argentinos contrajera el matrimonio, ocurren debido a la imposición de modelos únicos, a la búsqueda de las iglesias en recuperar su poder de injerencia sobre los Estados. La jerarquía eclesiástica es muy ambiciosa, se le da cobijo y no solo quiere cumplir con su tarea evangelizadora, sino que quiere imponer una forma de pensar, y de vivir, sin
reconocer que no tiene más vigencia.

Las iglesias señalan lo que a su entender es correcto y qué no es correcto. Sin embargo, en este tema han roto los límites. No sólo han vigilado el rumbo de sus feligreses, sino que, tratando de mantenerles en orden, han violentado las normas de convivencia establecidas. Regresan al descrédito a través de la ofensa, y llaman a la desobediencia civil, lo que resulta inaceptable para los procesos de consolidación democrática en un Estado laico.

El interés manifiesto de las fuerzas conservadoras por la derechización de la región es evidente y estos avances lesionan profundamente sus intenciones, evidencian su incapacidad para comprender la realidad actual, como para, con un uso desmedido de poder, imponer sus ideas.

Para que Latinoamérica pueda reconocer la diversidad sexual como parte de la realidad, hace falta la reafirmación de la laicidad, como se ha hecho en México recientemente; y la escucha e interés de los gobiernos en la población. Hace falta más visibilidad de las personas LGBT, que ha llevado a que la población les reconozca como un o una ciudadana igual a otros. Las encuestas dejan ver que las y los entrevistados no tienen problema con la protección de los derechos - TODOS - de las personas LGBT.

Probablemente no hay una clara concepción de la riqueza que implica para la sociedad su reconocimiento, haría falta una mejor educación sexual, pero sobre todo un ponerse al día con los avances alcanzados en el desarrollo del conocimiento en este campo.

Para nuestra fortuna, la región latinoamericana es una que se destaca por el trabajo de investigación y de discusión teórica sobre la sexualidad, pero los espacios académicos todavía no han dado el suficiente reconocimiento.

Hay harto trabajo adelante.

*Gloria Carega aes co-secretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Nosotros/as, participantes del Diálogo Latinoamericano sobre Sexualidad y Geopolítica, en reunión efectuada entre los días 24 y 26 de agosto 2009, en Rio de Janeiro (Brasil), nos sumamos a la campaña internacional Stop TransPathologization 2012 y promovemos el siguiente manifiesto:

La Asociación Psiquiátrica Norteamericana (APA) publicará en 2012 la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM por sus siglas en inglés). En ese documento, la transexualidad es tipificada como un “trastorno de identidad de género”. El Código Internacional de Enfermedades (CIE), a su vez, avala acríticamente el sistema de nomenclatura psiquiátrico estadounidense.

La patologización de la intersexualidad y de la transexualidad está basada en el supuesto de que los géneros son determinados por el dimorfismo de los cuerpos. La ausencia de pene y un orificio vaginal serían condiciones necesarias para determinar la identidad de género femenino y la coherencia del género masculino estaría dada por la presencia del pene. Este determinismo, apoyado en el saber/poder médico como instancia hegemónica de producción de discursos sobre sexo y género, fundamenta políticas estatales de salud pública y derechos, estipulando el acceso de las personas a la categoría de lo humano. Tal noción de humanidad, mediada por el arbitrio médico, violenta el derecho a la identidad y al reconocimiento social de la diversidad.

La práctica de promover supuestos “géneros saludables”, sea mediante el uso del bisturí, de la administración de hormonas, o a través de tratamientos psiquiátricos y psicológicos, es moneda corriente en aquellos países en donde el establishment médico es particularmente poderoso en términos económicos. No obstante, la validez científica de las premisas médicas en las que tales procedimientos están basadas ha sido fuertemente cuestionada. El grado de arbitrariedad de ese conocimiento queda evidenciado en los profundos cambios conceptuales que el propio sistema de nomenclatura psiquiátrica ha sufrido junto con cada nueva edición del DSM, particularmente en lo que hace a los “desordenes sexuales y de identidad de género”.

Los abusos de los derechos humanos de las personas intersex

La subordinación de las identidades de género a los dictados de la ciencia médica no cesa de producir daños irreversibles a sujetos cuya autonomía es violada al ser tratados tempranamente, debido a una ansiedad normalizadora cuya legitimidad debe ser cuestionada. Todos los días, niños y niñas que nacen con genitalia de “apariencia atípica” – según los dictados de la medicina – son sometidos a procedimientos quirúrgicos que pretenden ”corregir” su apariencia bajo el supuesto de que una genitalia “más normal” promovería y sostendría la formación de una identidad de género “más saludable”.

Este supuesto médico ha quedado claramente invalidado. En respuesta a tales prácticas quirúrgicas, ciudadanas/os de muchos países se han organizado para denunciar los abusos de derechos humanos a los cuales fueron sometidas y para exigir el fin de las cirugías realizadas sin su consentimiento. Esta práctica médica incide directamente en cuestiones de derechos humanos, en particular las de los derechos de los niños/as. Los Estados Unidos se han negado a firmar tratados internacionales avalados por la Organización de las Naciones Unidas y por otros países, como por ejemplo Somalia, precisamente por negarse a redefinir conceptos legales básicos como el parens patriae, posición que ha sido seguida por Somalia, en lo referente al derecho de los niños/as en asuntos de autonomía y dignidad humana.

Los abusos de los derechos humanos de las personas transexuales

El diagnóstico de transexualidad como un trastorno es otro legado de la naturalización de las identidades. Defendemos que existen muchas expresiones de género, una multiplicidad de femeninos y masculinos. ¿Cuáles son los indicadores para definir los/as “normales de género”? ¿Quiénes son los/as “enfermos/as del género”? El DSM y el CIE actúan como reproductores oficiales de la violencia, legitimados como sistemas de nomenclatura médica, pero carentes de validez científica. Son documentos que orientan a los Estados y a sus operadores (médicos/as, psicólogos/as, psiquiatras, jueces, trabajadoras/es sociales, docentes) en la determinación de quién puede acceder a la ciudadanía y quien estará suprimido de ella.

Aquellos/as que viven la experiencia de género en los marcos de la transexualidad, para acceder al proceso transexualizador completo, incluyendo las cirugías de transgenitalización, deben cumplir protocolos que les quitan su autonomía y las/los expone a situaciones humillantes. El proceso y las reglas a que se deben someter deriva del supuesto de que son personas sin capacidad para decidir, de que aquello que es clasificado como “su enfermedad” les quita la posibilidad de autodeterminación. La transexualidad – tal como se expresa y es vivida por personas transexuales y travestís – no es una enfermedad. Es una experiencia identitária que le da al género su carácter plural, además de posibilitar a todas las personas el reconocimiento de su individualidad.

La despatologización de la transexualidad no significa estar de acuerdo con que el Estado sea excluido de la financiación integral de todo el proceso transexualizador. Despatologizada la transexualidad, es deber del Estado asegurar los medios prácticos para garantizar la asistencia a la salud de esta población. Defendemos el acceso universal e igualitario al máximo estándar salud y bienestar. Ese es un derecho inalienable de todo/a ciudadano/a. Se estableció una falsa polémica, centrada en la tesis de que si la transexualidad fuera retirada del DSM y del CIE, los Estados podrían tener argumentos para no financiar el proceso transexualizador. Si hay personas que desean hacer la cirugía de transgenitalización porque de ese modo por su propia voluntad adecuarían su cuerpo a su identidad de género, es deber del Estado garantizarlas.

La ingerencia  del modelo médico en la sexualidad humana ha creado inconsistencias teóricas y prácticas deshumanizantes. Así como la historia ha demostrado que la medicina no logró contener la expresión de la  homosexualidad bajo el modelo salud-enfermedad, en tanto esta es y seguirá siendo una expresión de diversidad de la sexualidad humana, las/os participantes del Dialogo Latinoamericano sobre Sexualidad y Geopolítica  exigimos que la APA se retracte de su posición no científica y antiética sobre la transexualidad. La misma ha creado innecesariamente un escenario médico-legal que no es consistente con la ciudadanía plena de todas las personas, independientemente de su sexualidad e identidad de género.

Mantener el diagnóstico de “trastorno de género” o “disforia de género” es un modo de continuar alimentando la máquina productora de exclusión. Le corresponde ahora al Estado enmendar las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el establishment médico. La asistencia del Estado debe ser completa, incluso en lo referido al cambio de nombre en los documentos de identidad legal, sin condicionarlo a la realización de cirugías u otros procedimientos médicos o peritajes psicológicos, tanto en casos de intersexualidad como de transexualidad.

Defendemos:

1    La inmediata retirada de la transexualidad los manuales internacionales de diagnóstico.

2    La plena financiación del Estado al proceso transexualizador para las personas así lo decidan autónomamente.

3    El fin inmediato de las cirugías genitales a niños y niñas intersex y que se establezcan protocolos médico-legales internacionales que protejan sus derechos.

Firman:

1.    Adriana Vianna (UFRJ, Brasil)
2.    Ana Paula da Silva (USP, Brasil)
3.    Anibal Guimarães (ENSP/Fiocruz, Brasil)
4.    Corina Rodriguez Enriquez (CIEPP, Argentina)
5.    Elias Vergara Mayer (IEAB, Brasil)
6.    Fabíola Cordeiro (CLAM/UERJ, Brasil)
7.    Franklin Gil Hernandez (Universidad Nacional de Colômbia)
8.    Gabriel Gallego Montes (Universidad de Caldas, Colombia)
9.    Gloria Careaga (UNAM, México)
10.    Jandira Queiroz (SPW/ABIA, Brasil)
11.    Jane Russo (IMS/UERJ, Brasil)
12.    Jaris Mujica (Pontifícia Universidad Católica del Peru)
13.    Juan Carlos Raxach (ABIA, Brasil)
14.    Lohana Berkins (ALITT/Cooperativa de Trabajo Nadia Echazú, Argentina)
15.    Lucy Esquivel (RedTraSex, Paraguai)
16.    Mara Viveros
17.    Marcela Romero (RedLacTrans, Argentina)
18.    Maria Elvira Benitez Dias (CLAM/UERJ, Brasil)
19.    Maria José Rosado-Nunes (CDD, Brasil)
20.    Maria Luisa Heilborn (CLAM/UERJ, Brasil)
21.    Maria Mercedes Gómez (St. Mary’s University, Canadá)
22.    Marina Maria (SPW/ABIA, Brasil)
23.    Mario Pecheny (Argentina)
24.    Oscar Ugarteche (UNAM, México)
25.    Prof. Dr. Fermin Roland Schramm (ENSP/Fiocruz, Brasil)
26.    Profª Dra. Heloísa Helena Gomes Barboza (Faculdade de Direito/UERJ, Brasil)
27.    Profa. Dra. Berenice Bento (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil)
28.    Rafael de la Dehesa (City University of New York, EEUU)
29.    Regina Facchini (PAGU/Unicamp, Brasil)
30.    Rogério Diniz Junqueira (INEP/MEC, Brasil)
31.    Rosa M. Posa Guinea (IGLHR, Paraguai)
32.    Rulian Emmerick (UFRJ, Brasil)
33.    Sonia Corrêa (SPW/ABIA, Brasil)
34.    Tamara Adrian (Adrian & Adrian Abogados, Venezuela)
35.    Thaddeus Blanchette (UFRJ, Brasil)
36.    Vagner de Almeida (SPW/Columbia Universtity Secretariat, Brasil/EEUU)
37.    Veriano Terto (ABIA, Brasil)